Ciudad de México – El video más reciente del youtuber estadounidense MrBeast, publicado el 10 de mayo de 2025, encendió una intensa polémica en redes sociales, medios de comunicación y círculos académicos. Las imágenes lo muestran recorriendo zonas arqueológicas de México como Chichén Itzá y Calakmul, incluyendo áreas que están restringidas al público general. "Nadie más puede entrar aquí", afirma el influencer frente a una cámara. La frase, junto a la producción de alto presupuesto, puso en evidencia una vieja tensión: el acceso diferenciado al patrimonio cultural en función del poder económico y mediático.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se vio obligado a responder con un comunicado en el que aseguró que el influencer no pernoctó en las zonas arqueológicas, que muchas de las tomas fueron editadas y que los permisos fueron tramitados conforme a la normativa. Sin embargo, eso no evitó las críticas. Diversos académicos, especialistas en patrimonio e integrantes de la comunidad arqueológica mexicana cuestionaron las prioridades institucionales del INAH, así como la opacidad de los procesos mediante los cuales se otorgan estos permisos.
En el video publicado por MrBeast, se observa al creador de contenido y a su equipo recorriendo zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Calakmul, ingresando a espacios habitualmente restringidos al público general. A lo largo del video, presentan una competencia entre los participantes mientras exploran las ruinas, con tomas de drones y producción de alto nivel. En una de las escenas, MrBeast afirma: “nadie más puede entrar aquí”, una frase que rápidamente se viralizó y detonó cuestionamientos sobre el tipo de permisos otorgados, la desigualdad en el acceso y el uso mediático del patrimonio arqueológico. Para quienes deseen ver el contenido completo y contextualizar el debate, el video está disponible en su canal de YouTube.
Entre trámites, tarifas y desigualdades
El INAH ofrece un trámite oficial para la filmación en zonas arqueológicas. El costo por día asciende a $15,334 pesos mexicanos, con tarifas adicionales dependiendo del tipo de equipo utilizado y la finalidad de la grabación. Para muchos creadores independientes, proyectos comunitarios o incluso académicos, estas cifras resultan prohibitivas. De ahí que la facilidad con la que un creador extranjero, millonario y con proyección global logra el acceso a sitios patrimoniales sensibles haya generado indignación.
Este tipo de situaciones ha sido ampliamente discutido por la sociología de la cultura. Investigadores como Pierre Bourdieu han documentado cómo el capital económico y simbólico se traduce en ventajas diferenciales en el acceso a espacios de conocimiento, cultura y poder. Lo que está en juego no es solo un permiso, sino el derecho a narrar el patrimonio, a intervenir en él, a representarlo y, en última instancia, a legitimar una visión sobre el pasado.
“La ciencia espera, el espectáculo avanza”
Diversos arqueólogos han señalado que, mientras las solicitudes de permisos para investigaciones científicas pueden tardar meses, incluso años, y pasar por múltiples filtros técnicos y éticos, otros proyectos con intereses comerciales o promocionales son atendidos con mayor agilidad. Esto ha generado preocupaciones sobre lo que algunos llaman “la privatización simbólica del patrimonio”, en donde los criterios de acceso y uso parecen responder más a lógicas de mercado que a principios de conservación, equidad o utilidad pública.
La paradoja es doble: mientras se presume que el patrimonio cultural debe ser preservado para las futuras generaciones, su uso parece estar condicionado por el capital disponible en el presente. A esto se suma que, pese al aumento del presupuesto del INAH en 2024, se reportó un recorte del 50% al personal de seguridad en museos y zonas arqueológicas, revelando un desequilibrio entre la promoción espectacular y la protección cotidiana.
Una crítica desde la desigualdad
El caso MrBeast pone en evidencia cómo ciertos grupos sociales –en este caso, un creador de contenido global con millones de dólares en ingresos anuales– pueden abrir puertas que se mantienen cerradas para la mayoría de las personas. No se trata solo de una cuestión burocrática. Es el reflejo de cómo opera el poder simbólico y económico en las instituciones culturales del Estado.
Este debate no es nuevo, pero cobra renovada urgencia en un contexto donde crece la preocupación por la defensa del patrimonio frente a su mercantilización. También plantea una pregunta incómoda: ¿quién tiene derecho a contar la historia?, ¿cuál es el papel del Estado frente a quienes quieren convertir el legado cultural en espectáculo?
Lo que sigue
Mientras el INAH enfrenta la presión pública y gubernamental para esclarecer los detalles del permiso otorgado a MrBeast, la discusión trasciende el caso particular. El reto no es solo revisar un trámite, sino abrir una conversación más amplia sobre el acceso justo y equitativo al patrimonio, el papel de las instituciones culturales y la necesidad de que la ciencia y el conocimiento no queden a la sombra del entretenimiento global.
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