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| La cultura de la excelencia medida en artículos, vivida en insomnio. El malestar académico sin fronteras geográficas. |
Cómo la universidad moldea cuerpos y mentes bajo presión
Por Redacción Nota Antropológica
Hay sensaciones que no deberían asociarse a la vida académica pero que cada vez resultan más familiares para quienes la cursan. Mareos repentinos en medio de la lectura de un artículo. Dolor en el pecho mientras se espera la evaluación de un manuscrito. La caída del pelo sin causa médica aparente. El insomnio que llega cuando el cuerpo pide descanso pero la mente sigue contando palabras, citas, índices de impacto. Estas experiencias no pertenecen al registro de lo excepcional ni pueden atribuirse a casos aislados. Forman parte del día a día de muchas personas que desarrollan su carrera en la educación superior, desde Madrid hasta Buenos Aires, pasando por Ciudad de México, Bogotá, Lima o Santiago de Chile.
El investigador Mario Espinoza Pino, doctor en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor en The Core School de UNIE en Madrid, ha documentado este malestar en un trabajo que cruza el análisis institucional con testimonios directos. Su mirada parte del contexto español, donde las transformaciones de la universidad pública durante las últimas dos décadas han reconfigurado por completo las condiciones laborales y existenciales de quienes se dedican a la docencia y la investigación. Sin embargo, lo que describe encuentra paralelismos evidentes en las universidades latinoamericanas, donde procesos similares de reforma, evaluación estandarizada y precarización laboral se han instalado con fuerza en los mismos años. No se trata de una copia exacta de modelos, sino de tendencias compartidas que responden a lógicas globales de organización del trabajo académico.
La universidad española experimentó cambios significativos desde la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades en 2001 y su reforma en 2007. Estas normas introdujeron un lenguaje nuevo que terminó moldeando las prácticas cotidianas. Hablaban de evaluación, de rendición de cuentas, de transferencia al sector productivo. La investigación debía ser de calidad. La docencia también. Para medir ambas se crearon agencias como la ANECA, indicadores bibliométricos, sistemas de acreditación con requisitos cada vez más exigentes. La palabra excelencia empezó a circular por todos los documentos oficiales sin que nadie definiera con precisión su significado, pero con efectos muy concretos sobre las trayectorias profesionales.
En América Latina, procesos análogos tomaron forma a través de políticas de evaluación impulsadas por organismos internacionales y agencias nacionales. El Sistema Nacional de Investigadores en México, creado en 1984, fue pionero en la región y se convirtió en modelo para otros países. Colombia implementó su sistema de medición de grupos de investigación a través de Colciencias, hoy Minciencias. Argentina desarrolló la carrera del investigador científico en el CONICET. Chile consolidó su sistema de acreditación de universidades y programas de posgrado. Perú y Uruguay también establecieron mecanismos de evaluación y categorización de investigadores. En todos estos casos, la lógica de fondo es similar. Se evalúa la productividad medida en publicaciones indexadas. Se asignan recursos y prestigio en función de los resultados. Se instala la competencia como eje organizador de la vida académica.
Lo que ocurrió en las dos décadas siguientes en España, por ejemplo, tiene dos caras que conviene examinar por separado aunque funcionen de manera articulada, y que encuentran equivalencias funcionales en las universidades latinoamericanas. Por un lado, las plantillas universitarias se dualizaron hasta configurar dos universidades dentro de la misma institución. Las figuras estables conviven hoy con un número creciente de contratos temporales que desempeñan las mismas funciones con salarios muy inferiores y sin ninguna garantía de continuidad. Los profesores asociados, pensados originalmente para incorporar profesionales en activo que aportaran experiencia externa al aula, se multiplicaron hasta representar más del treinta por ciento del profesorado en muchas universidades públicas españolas. La mayoría de ellos no ejercen profesión fuera de la universidad aunque el contrato lo exija formalmente. Cobran entre doscientos cincuenta y setecientos euros mensuales por impartir clase, tutorizar estudiantes y, en muchos casos, investigar por su cuenta para poder acreditarse y optar a plazas mejores. Deben estar dados de alta como autónomos aunque su único empleo sea la universidad, lo que reduce aún más sus ingresos netos.
En América Latina, las figuras contractuales tienen otros nombres pero cumplen funciones equivalentes. Los profesores por horas o por asignatura constituyen una proporción mayoritaria del personal docente en muchas universidades públicas y privadas. En México, los profesores de asignatura representan alrededor del sesenta por ciento de la planta académica. En Colombia, los docentes de cátedra y ocasionales sostienen buena parte de la docencia universitaria con contratos semestrales que no reconocen tiempo para investigación ni ofrecen prestaciones completas. En Argentina, los cargos de dedicación simple conviven con figuras precarias que se renuevan año a año. En Chile, la figura del profesor adjunto o por horas es moneda corriente. En todos estos casos, los salarios son bajos, la estabilidad inexistente y las exigencias de productividad académica siguen vigentes para quienes aspiran a progresar.
Más recientemente, la figura del profesor sustituto interino emerge en España como el nuevo rostro de la precariedad, con contratos que rondan los cuatrocientos euros mensuales y ninguna exigencia legal de trabajo externo, lo que permite a las universidades cubrir necesidades docentes con un coste mínimo. En América Latina, figuras similares proliferan bajo denominaciones como profesor invitado, profesor visitante o simplemente contratos temporales renovables que mantienen a miles de académicos en situación de incertidumbre permanente.
Por otra parte, quienes logran iniciar una carrera académica por las vías oficiales se enfrentan a un sistema de evaluación continua que no da tregua. Para acreditarse y pasar de una figura contractual a otra necesitan publicar artículos en revistas que ocupen los cuartiles más altos de su disciplina. El impacto lo miden empresas privadas como Elsevier o Clarivate, que gestionan las bases de datos internacionales y determinan qué revistas merecen estar en el índice de impacto. Estas mismas empresas cobran millones de euros anuales a las universidades de todo el mundo por acceder a las publicaciones que los propios investigadores producen, revisan gratuitamente y editan sin percibir compensación económica. En América Latina, el problema de acceso a estas bases de datos es aún más agudo porque los presupuestos de las universidades suelen ser más reducidos y la negociación con las grandes editoriales resulta más desigual.
La frase publica o perece se convierte así en una norma de vida que organiza los días, las noches y las prioridades personales, tanto en España como en los países latinoamericanos. Los investigadores mexicanos conocen bien la presión por mantener el nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus colegas colombianos saben lo que significa escalar posiciones en el ranking de Minciencias. En Argentina, la recategorización periódica en el CONICET genera ansiedades similares. En Chile, los requisitos para acceder a proyectos Fondecyt marcan el ritmo de las carreras académicas.
Los estudios sobre salud mental en el entorno académico dibujan un panorama preocupante que las administraciones conocen pero no terminan de abordar con medidas estructurales. Una investigación realizada en la Universidad de Flandes mostró que más de la mitad de los estudiantes de doctorado presentaban al menos dos síntomas de malestar psicológico compatibles con depresión o ansiedad. Un informe encargado por la Royal Society en Reino Unido encontró que los investigadores tienen mayor probabilidad de sufrir problemas de salud mental que los trabajadores de otros sectores laborales comparables por nivel formativo. En España, un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid señaló que el ochenta por ciento de los doctorandos encuestados padecía síntomas de burnout. Otro trabajo realizado desde el Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense indicó que entre el cincuenta y el sesenta por ciento de los estudiantes de doctorado podría cumplir criterios para el diagnóstico de un trastorno mental común. El veinte por ciento reconocía haber tenido ideaciones suicidas de carácter pasivo en algún momento de su formación.
En América Latina, los estudios disponibles, aunque menos numerosos, apuntan en la misma dirección. Investigaciones realizadas en universidades mexicanas, chilenas y argentinas muestran prevalencias elevadas de ansiedad, depresión y burnout entre estudiantes de posgrado y personal académico precario. Las condiciones laborales inestables, la presión por publicar y la falta de apoyos institucionales configuran un escenario de vulnerabilidad extendida.
Los testimonios recogidos por Espinoza Pino en España ponen rostro a estas cifras y muestran cómo la presión se encarna de formas distintas según la posición que se ocupa en la jerarquía académica. Una investigadora postdoctoral explica la dificultad de conciliar la vida familiar con un entorno hipercompetitivo donde cada año sin publicaciones resta opciones de futuro. Ser madre está penalizado, dice, porque implica no avanzar al mismo ritmo que los demás compañeros que dedican todas sus horas a producir artículos. Una doctoranda en tercer año describe su jornada como interminable y sin límites definidos. Trabaja doce horas al día la mayoría de los días. Duerme mal porque la mente no se desconecta. Gana peso por el sedentarismo y la ansiedad. Se le cae el pelo según cuenta sin buscar explicaciones metafóricas. No cierra la persiana nunca, dice, porque siempre hay algo pendiente, un artículo que leer, un correo que responder, un dato que comprobar.
Estas experiencias resuenan con fuerza en los pasillos de las facultades latinoamericanas, donde las mismas presiones se viven con los matices propios de cada contexto.
Esta presión no afecta a todos los cuerpos por igual como señalan los estudios mencionados. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir trastornos mentales en el entorno académico según los datos disponibles. La violencia simbólica del patriarcado se suma a las exigencias de la excelencia y coloca a las investigadoras en una posición de mayor vulnerabilidad. Y cuando la precariedad se cruza con las jerarquías departamentales, aparecen formas más explícitas de abuso que el lenguaje administrativo denomina mobbing o acoso laboral.
El acoso laboral encuentra un terreno fértil en la universidad actual porque las condiciones estructurales lo facilitan sin necesidad de que existan malas intenciones generalizadas. Las figuras temporales dependen de profesores consolidados para seguir adelante en todos los aspectos de su carrera. Necesitan sus avales para las acreditaciones. Requieren su participación en proyectos de investigación para sumar méritos. Dependen de su voluntad para que les asignen docencia o para que les permitan compatibilizar horarios. Esta dependencia vertical facilita conductas que van desde la sobrecarga sistemática de trabajo hasta la humillación pública en reuniones de departamento.
Quienes deciden denunciar estas situaciones se enfrentan a un laberinto institucional del que es difícil salir sin daños. Los protocolos contra el acoso existen sobre el papel en todas las universidades, pero su aplicación práctica resulta lenta, opaca y a menudo revictimizante para quien se atreve a dar el paso. Las víctimas pierden la confianza de su entorno inmediato porque los compañeros suelen tomar distancia para no verse implicados. Son señaladas como problemáticas en los pasillos y en las reuniones informales donde se construye la reputación académica. El silencio se impone así como mecanismo de supervivencia para quienes observan la escena desde fuera y como condena para quienes la protagonizan desde dentro.
El caso del Centro de Estudos Sociais de Coimbra en Portugal ilustra la magnitud que puede alcanzar el problema cuando las jerarquías se consolidan durante décadas sin rendir cuentas. Un profesor estrella de reconocimiento internacional fue acusado por trece mujeres de abusos y acoso continuado a lo largo de los años. El entorno institucional facilitaba estas conductas mediante mecanismos de endogamia académica, clientelismo en la asignación de proyectos y culto a la personalidad alrededor de la figura del fundador. Las investigadoras que hicieron pública su experiencia en un capítulo de libro sufrieron represalias inmediatas que incluyeron la retirada del texto por parte de la editorial Routledge tras una queja del entorno del acusado. El caso estalló igualmente en los medios y obligó al centro a poner en marcha una investigación independiente que terminó confirmando los hechos y apartando a los implicados de sus cargos.
En España la falta de datos sistemáticos impide dimensionar el fenómeno con precisión, pero los indicios disponibles apuntan a una realidad similar. Las universidades no publican estadísticas sobre denuncias de acoso alegando protección de datos, lo que dificulta cualquier análisis comparativo. Cuando alguna institución proporciona información, como ocurrió recientemente con la Universidad Complutense de Madrid, los registros anteriores a 2016 habían desaparecido sin que nadie ofreciera explicaciones sobre su paradero. Quienes pasan por estos procesos describen una experiencia circular que consume años de sus vidas. Denuncian y la institución deriva el caso a una unidad de igualdad o a un comité de ética. La unidad lo estudia durante meses sin comunicar plazos ni procedimientos. No hay respuesta durante largos períodos. Cuando la hay, a menudo la víctima se entera por la prensa antes de recibir comunicación oficial, como sucedió con una denuncia contra un profesor conocido en el ámbito político madrileño.
En América Latina, la situación no es muy diferente. Los sistemas de denuncia existen formalmente, pero las barreras para acceder a ellos son muchas. El miedo a represalias, la falta de confianza en las autoridades universitarias y la debilidad de los protocolos disuaden a quienes podrían dar el paso. Los casos que trascienden a la opinión pública suelen ser aquellos donde las víctimas cuentan con apoyos externos o donde la presión mediática fuerza la intervención institucional.
La cultura de la excelencia proporciona la cobertura ideológica que normaliza estas dinámicas. Su discurso atomiza a los sujetos hasta convertirlos en únicos responsables de su destino académico. Cada cual es responsable de sus logros y de sus fracasos según esta lógica. Si no publicas lo suficiente para acreditarte, no eres lo bastante bueno. Si no soportas la presión del entorno competitivo, quizá no vales para esto y deberías dedicarte a otra cosa. La estructura institucional, las condiciones laborales, la distribución desigual de los recursos, la arbitrariedad de los criterios de evaluación, todo ello desaparece del análisis. Quedan los cuerpos individuales soportando las exigencias de un sistema que los necesita productivos pero no los sostiene cuando flaquean.
Las iniciativas para cambiar esta realidad existen en diversos ámbitos, aunque por ahora su influencia sigue siendo limitada frente al peso de las inercias institucionales. La Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación, conocida como DORA, propone no utilizar el factor de impacto de las revistas como medida de la calidad de los artículos individuales, una recomendación que cuestiona el corazón mismo del sistema bibliométrico. Su influencia crece lentamente entre agencias de evaluación y equipos de investigación, pero las prácticas concretas de acreditación siguen dando un peso central a los indicadores tradicionales.
En América Latina han surgido también iniciativas críticas. Redes como la de Revistas Académicas de Acceso Abierto promueven modelos alternativos de evaluación. Algunos sistemas nacionales han introducido modificaciones para reconocer otro tipo de productos académicos más allá del artículo indexado. Los cambios, sin embargo, avanzan con lentitud y encuentran resistencias tanto en las burocracias establecidas como en los propios académicos que han aprendido a moverse en el sistema existente.
Por otra parte, quienes alcanzan posiciones de poder dentro de la academia después de años de esfuerzo no siempre transforman las lógicas que antes criticaban cuando estaban abajo. Reproducen las jerarquías con naturalidad. Se adaptan al entorno que les ha costado tanto conquistar. La crítica se vuelve entonces un recuerdo juvenil que no siempre se traduce en prácticas diferentes.
¿Y tú has sentido alguna vez que el trabajo ocupa un espacio que no le corresponde en tu vida? ¿Has sentido que invade horas de descanso, conversaciones familiares o la posibilidad de no pensar en nada durante un rato?
Para algunas personas la universidad sigue siendo el lugar donde se forma el pensamiento crítico, donde las ideas circulan sin más presión que la del debate honesto y donde es posible desarrollar una carrera con sentido sin renunciar a la vida personal.
Pero para otras se ha convertido en una máquina de producir papers, currículums y ansiedades, un espacio donde el cuerpo avisa con síntomas antes de que la institución escuche las demandas de quienes lo habitan, y esta experiencia se repite.
Si esta nota te recordó a alguien que conozcas en cualquier universidad de habla hispana, compártela con esa persona para que sepa que no está sola si está pasando por algo parecido.
FuenteEspinoza Pino, M. (2025). Las servidumbres de la excelencia: cuerpo, explotación y violencia en la universidad neoliberal. Sociologia Histórica.
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