La nueva cruzada contra la pobreza: cuando la cárcel reemplaza al Estado social

Criminalizar la miseria es más barato que combatirla. También es más rentable electoralmente.

 

En Estados Unidos y Europa, los gobiernos han encontrado en el sistema penal una respuesta a la inseguridad económica. Detrás del discurso de la "tolerancia cero" se esconde una transformación silenciosa pero profunda: la miseria ya no se combate con políticas sociales sino con esposas y rejas.

Por Redacción Nota Antropológica 

Loïc Wacquant, sociólogo francés y investigador en la Universidad de California en Berkeley, ha dedicado años a seguir el rastro de esta mutación. Su trabajo muestra cómo las ideas que hoy se aplican en las prisiones de Europa no nacieron en los ministerios de justicia del viejo continente sino en los think tanks neoconservadores de Manhattan.

El mecanismo es más simple de lo que parece. Durante los años ochenta y noventa, instituciones como el Manhattan Institute y el Institute of Economic Affairs en Londres comenzaron a fabricar un nuevo lenguaje. En lugar de hablar de desempleo y desigualdad, introdujeron términos como "underclass" o "ventana rota". La pobreza dejó de ser una consecuencia del funcionamiento económico para convertirse en un problema de conducta individual. Charles Murray, una de las figuras centrales de esta corriente, sostenía que las madres solteras y los jóvenes sin trabajo no eran víctimas de la precariedad sino responsables de su propia desgracia.

Esta forma de pensar cruzó el Atlántico con una velocidad asombrosa. En Nueva York, Rudolph Giuliani y su jefe de policía William Bratton pusieron en práctica la llamada "tolerancia cero". La idea era sencilla: perseguir con dureza las pequeñas infracciones para evitar los delitos mayores. Pero en los hechos, la política se tradujo en el hostigamiento sistemático de los pobres en el espacio público. Los sin techo, los mendigos y los jóvenes de barrios marginales se convirtieron en el blanco preferido de una policía que recibió carta blanca para actuar.

Mientras los medios de comunicación celebraban la caída de la criminalidad en Nueva York, los tribunales se colapsaban y las quejas por abusos policiales se multiplicaban. Amadou Diallo, un joven inmigrante guineano de 22 años, murió acribillado por 41 disparos cuando intentaba entrar a su propia casa. Abner Louima fue torturado sexualmente en una comisaría de Brooklyn. Ambos eran negros, ambos eran pobres. La "tolerancia cero" tenía un color y una dirección muy precisos.

Inglaterra actuó como el gran centro de distribución de estas ideas hacia Europa. Tony Blair y su ministro del interior Jack Straw adoptaron el discurso de la "responsabilidad individual" y lo convirtieron en ley. Se endurecieron las penas para los menores, se multiplicaron las causas por las que una persona podía ir a prisión y se privatizaron las cárceles a un ritmo vertiginoso. La población penitenciaria británica creció más rápido durante los primeros años del gobierno laborista que durante las décadas de Margaret Thatcher.

Francia no quedó al margen de esta corriente. Durante el gobierno de Lionel Jospin, una coalición de intelectuales autodenominados "republicanos" publicó un manifiesto en Le Monde pidiendo mano dura contra la delincuencia juvenil. Firmaban el texto Régis Debray y otros pensadores que en su juventud habían militado en la izquierda radical. Ahora reclamaban el restablecimiento de la autoridad, la disciplina escolar y el castigo ejemplar. Las "excusas sociológicas", escribían, habían hecho demasiado daño.

Detrás de estas declaraciones hay una realidad que las cifras confirman. En Francia, la población carcelaria se duplicó entre 1975 y 1995. Los presos son mayoritariamente personas sin empleo, con bajos niveles de educación y, en una proporción cada vez mayor, extranjeros o hijos de inmigrantes. El perfil del detenido tipo en Europa se parece sospechosamente al perfil del desempleado de larga duración. La cárcel se ha convertido en un depósito para quienes el mercado laboral ya no necesita.

Wacquant documenta con detalle cómo opera esta maquinaria. En Bélgica, los extranjeros tienen seis veces más probabilidades de ir a prisión que los nacionales. En Italia, los decretos de expulsión se quintuplicaron en apenas cuatro años. En Holanda, un país que durante décadas fue modelo de políticas penales progresistas, la tasa de encarcelamiento se duplicó desde 1985 y los centros de detención para inmigrantes funcionan bajo la autoridad del Ministerio del Interior, no del de Justicia, lo que los sitúa en un limbo legal.

El sistema penal no actúa solo. A su alrededor crece una red de dispositivos de control que incluye archivos policiales informatizados, bancos de datos genéticos, programas de vigilancia electrónica y conexiones entre los registros de los servicios sociales y los de la policía. En Francia, el STIC, un archivo nacional de antecedentes, contiene información no solo de condenados sino también de sospechosos, víctimas y testigos. En Rotterdam, las autoridades municipales fichan a todos los niños desde su nacimiento hasta los 18 años para identificar "familias problemáticas".

Mientras tanto, el Estado social se reduce. Los presupuestos de educación y salud se recortan para financiar la construcción de prisiones. En California, el gasto en cárceles superó al de las universidades públicas a mediados de los años noventa. En el estado de Nueva York, la misma comparación arroja un resultado idéntico. La lógica es implacable: si no hay recursos para garantizar el bienestar, los fondos se destinan a gestionar el malestar.

Las empresas privadas han visto en este proceso una oportunidad de negocio. Corrections Corporation of America, la principal compañía penitenciaria del país, cotiza en bolsa y multiplica el valor de sus acciones año tras año. En Inglaterra, once prisiones están gestionadas por empresas con fines de lucro. El castigo se ha convertido en una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado y a la lógica del beneficio.

Pero quizás lo más inquietante sea la naturalización de todo este proceso. Las nociones de "tolerancia cero", "incivilidades" o "violencias urbanas" han pasado a formar parte del vocabulario cotidiano sin que nadie se detenga a preguntar qué significan realmente. Se acepta como un hecho que la delincuencia juvenil está descontrolada, aunque las estadísticas muestren lo contrario. Se da por sentado que los inmigrantes cometen más delitos, cuando los estudios indican que la justicia es más severa con ellos. Se asume que la cárcel es la respuesta adecuada para quienes no encuentran trabajo, viven en la calle o consumen drogas.

Si el desempleo y la precariedad son fenómenos colectivos, producto de decisiones económicas y políticas, ¿por qué las respuestas son siempre individuales y punitivas? ¿Por qué se castiga a quien roba un teléfono pero no a quien especula con el precio de los alimentos? ¿Por qué la inseguridad ciudadana merece todos los recursos del Estado mientras la inseguridad laboral se considera un asunto privado?

La respuesta que emerge de su investigación es desalentadora. La criminalización de la miseria no es un error del sistema ni un exceso ocasional de las fuerzas del orden. Es una pieza clave del nuevo orden neoliberal. Sirve para disciplinar a quienes se resisten a aceptar trabajos precarios. Sirve para encerrar a quienes resultan superfluos en un mercado laboral cada vez más selectivo. Sirve para tranquilizar a las clases medias y altas, que ven en la dureza penal una garantía de orden.

Y sin embargo, Wacquant se niega a aceptar que este proceso sea irreversible. Señala que algunos países europeos, como Finlandia o Alemania, lograron reducir su población carcelaria sin que aumentara la criminalidad. Recuerda que las políticas penales son decisiones políticas, no fenómenos naturales. Insiste en que la cárcel no resuelve los problemas sociales sino que los agrava, convirtiendo a los pobres en más pobres y a los marginados en más marginados.

El desafío, entonces, no es técnico sino político. Se trata de recuperar la capacidad de imaginar otras formas de respuesta a la precariedad. Formas que no pasen por el encierro y la vigilancia sino por la redistribución y el reconocimiento. Formas que no conviertan a los pobres en enemigos sino en ciudadanos.

¿Y tú has notado cómo ciertos problemas sociales terminan siempre en manos de la policía en lugar de llegar a los servicios sociales?

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Fuente:

Wacquant, L. (2000). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.