¿De quién es la cultura? El laberinto burocrático del INAH para divulgar el patrimonio

Sala Grandeza y Diversidad Cultural de México
Crédito: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons.


Las restricciones para realizar recorridos, grabaciones y actividades de divulgación en los museos del INAH abren una discusión sobre el acceso al conocimiento, la participación ciudadana y el papel de las instituciones culturales.

Por Redacción Nota Antropológica

El conflicto entre Daniel Alcántara, conocido en redes sociales como Tío Kardef, y el Museo Nacional de Antropología vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va más allá de una disputa por el acceso a un recinto: ¿quién tiene derecho a interpretar, compartir y divulgar el patrimonio cultural?

El creador de contenido denunció que se le impidió ingresar nuevamente al museo después de publicar una serie de críticas sobre la manera en que la institución presenta determinados episodios de la historia prehispánica y colonial. Según su testimonio, dos personas acompañadas de cuatro elementos de seguridad le negaron el acceso. Al solicitar un documento oficial que justificara la medida, le comunicaron que existía una instrucción verbal proveniente de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El divulgador relacionó este incidente con sus cuestionamientos al discurso museográfico del recinto, particularmente con el uso de determinadas categorías para referirse a los pueblos originarios. También señaló que las autoridades habrían cuestionado su manera de expresarse y el lenguaje coloquial que utiliza en sus videos.

Por su parte, el INAH negó que existiera una prohibición de acceso contra alguna persona derivada de estos hechos. De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación, el Instituto explicó que los recorridos guiados requieren una acreditación oficial y que las grabaciones con fines divulgativos o comerciales están sujetas a las disposiciones correspondientes.

Más allá de las versiones sobre lo ocurrido, el caso permite revisar los procedimientos que regulan las actividades de divulgación dentro de los recintos culturales. En este contexto, cabe preguntarse si las disposiciones administrativas están facilitando la participación de la sociedad en la difusión del patrimonio o si, por el contrario, en determinadas circunstancias terminan convirtiéndose en obstáculos para acercar estos conocimientos al público.

Las reglas para divulgar dentro de los museos


El INAH cuenta con disposiciones específicas para regular las actividades que se realizan en los espacios bajo su custodia. Entre ellas se encuentra el trámite INAH-01-001, mediante el cual se solicita autorización para realizar fotografías, filmaciones y videograbaciones con equipo especial o profesional en museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas.

Para realizar este procedimiento es necesario presentar información sobre el proyecto, una sinopsis, los aspectos logísticos, el número de participantes y los medios en los que se difundirá el material. La autorización considera que las actividades no afecten la integridad del patrimonio ni distorsionen su imagen.

No obstante, el propio INAH establece una distinción. Las fotografías y videograbaciones personales realizadas con dispositivos no profesionales en espacios abiertos al público no requieren este trámite, siempre que se respeten las restricciones particulares de cada recinto.

Por ello, no todas las grabaciones están sujetas a los mismos requisitos. Una producción audiovisual profesional, una actividad comercial y un video personal realizado con un teléfono celular corresponden a situaciones distintas.

En materia educativa, la institución también cuenta con disposiciones para organizar las actividades que se desarrollan en sus museos. El Manual Tipo de Normas y Procedimientos para Museos de la Red del INAH, cuya versión vigente fue publicada el 14 de julio de 2026, establece un marco normativo para la operación de estos espacios y la organización de sus actividades.

De similar forma, en materia de recorridos turísticos existe la NOM-008-TUR-2022, que establece los requisitos para prestar servicios como guía de turistas de carácter cultural. Esta norma contempla una acreditación expedida por la Secretaría de Turismo para quienes ofrecen profesionalmente este tipo de servicios.

Esta regulación corresponde a la prestación de servicios turísticos, por lo que no significa que cualquier persona que comparta información histórica, converse con visitantes o realice una actividad gratuita de divulgación esté ofreciendo necesariamente un servicio profesional de guía turística.

La diferencia es importante, pues aplicar las mismas exigencias a actividades de naturaleza distinta puede generar restricciones que no corresponden a su finalidad.

Divulgar también es un procedimiento administrativo

Patio interior del Museo Nacional de Antropología e Historia 
Crédito: Bohao Zhao / Wikimedia Commons.


El problema no está en que existan disposiciones para proteger los museos. Estos espacios resguardan colecciones, documentos y objetos que requieren condiciones específicas de conservación. También es necesario establecer reglas para evitar afectaciones a los visitantes, las instalaciones y el patrimonio.

Si se analiza mas detenidamente veremos que la discusión comienza cuando los procedimientos administrativos adquieren más peso que la propia finalidad de acercar el conocimiento a la sociedad.

Para una persona que desea realizar una producción audiovisual profesional, solicitar una autorización puede ser un requisito razonable. Sin embargo, cabe preguntarse qué sucede con un guía o un difusor que busca compartir una explicación histórica con un grupo de visitantes. ¿Qué mecanismos existen para que estudiantes, investigadores independientes o colectivos culturales puedan desarrollar actividades sin tener que atravesar procedimientos que pueden resultar difíciles de comprender o cumplir?

Algunas de estas actividades consisten en conversaciones, explicaciones, encuentros informales o recorridos gratuitos que buscan despertar el interés por determinados temas.

Cuando la posibilidad de realizar estas actividades depende de autorizaciones, acreditaciones y procedimientos administrativos que no distinguen suficientemente sus características, el acceso a la divulgación queda condicionado por la capacidad de cumplir con esos requisitos.

Es así como una institución dedicada a investigar, conservar y difundir el patrimonio puede terminar dificultando algunas de las iniciativas que buscan acercarlo a personas que habitualmente no participan en los circuitos académicos o culturales.

Más aún, la discusión tiene otra dimensión sí revisamos lo que establece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales al respecto. 

El derecho a la cultura también implica participar en ella


En su artículo 11, la legislación reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la cultura, procurar el conocimiento y la información sobre el patrimonio cultural, participar de manera activa y creativa en la cultura y utilizar las tecnologías de la información para ejercer estos derechos.

El artículo 12 también contempla acciones para promover la lectura, la divulgación cultural, la formación de audiencias y el aprovechamiento de la infraestructura cultural.

Viendo más de cerca, el acceso a la cultura no consiste únicamente en ingresar a un museo, observar una exposición o consultar una colección. También comprende la posibilidad de participar en la producción, interpretación y circulación del conocimiento.

En este sentido, los museos no deberían ser considerados espacios donde la sociedad solamente recibe información elaborada por especialistas. También debería funcionar como lugares de diálogo, discusión y construcción colectiva de conocimientos.

Es por eso que la participación de divulgadores independientes, colectivos culturales, investigadores y personas interesadas en la historia debería estar considerada para coadyuvar a ampliar las formas de acercamiento al patrimonio.

Esto no significa que todas las interpretaciones tengan el mismo respaldo documental ni que las instituciones deban renunciar a sus criterios científicos. Se trata de reconocer que la divulgación puede desarrollarse mediante distintas voces, lenguajes y formatos, sin que necesariamente deban formar parte de una estructura institucional.

Los museos ¿propietarios de la cultura?

Entrada del Museo Nacional de Antropología
Crédito: Family photos of Infrogmation / Wikimedia Commons.


El caso de Tío Cardef es muy especial porque permite abordar una discusión que poco se aborda sobre las formas de comunicar el conocimiento.

Su propuesta utiliza expresiones coloquiales, humor y referencias culturales cercanas a sectores de la población que no necesariamente se identifican con el lenguaje académico. Su estilo puede ser cuestionado, sus interpretaciones pueden discutirse y sus explicaciones históricas deben someterse a revisión cuando sea necesario, eso está claro.

No obstante, ninguna de estas posibilidades debería confundirse con la idea de que existe una única manera legítima de hablar sobre la historia.

La divulgación científica y cultural no tiene que reproducir necesariamente el lenguaje especializado para ser válida. Una explicación puede utilizar expresiones populares sin renunciar al rigor, siempre que distinga entre los hechos documentados, las interpretaciones y las hipótesis.

Por ello, el debate no debería reducirse a determinar si un divulgador utiliza palabras apropiadas para un museo. También es necesario preguntarse qué públicos están representados en esos espacios, qué formas de comunicación se consideran legítimas y cuáles terminan siendo excluidas.

Un museo puede establecer reglas para sus instalaciones, definir criterios de conservación, seguridad y organización de actividades. Sin embargo, su responsabilidad pública no termina en administrar el acceso a sus colecciones.

También debería considerar cómo acercar esos conocimientos a quienes permanecen fuera de los circuitos culturales institucionales.

Una institución pública frente a una sociedad que quiere conocer


Lo que está en juego es el modelo de participación cultural que queremos construir. Si el objetivo de las instituciones es promover el conocimiento del patrimonio, resulta necesario desarrollar mecanismos que permitan la colaboración con personas y colectivos que trabajan en su divulgación. 

Esto implica establecer procedimientos sencillos, criterios públicos, respuestas oportunas y requisitos proporcionales a las actividades que se pretenden realizar.

También supone reconocer que la cultura no comienza cuando una persona cruza la puerta de un museo ni termina cuando sale de él. Está presente en las comunidades, las familias, las conversaciones, las memorias y las distintas maneras en que las personas interpretan su pasado.

Los museos cumplen una función indispensable en la investigación, conservación y difusión del patrimonio, pero no son sus propietarios ni tienen el monopolio de su interpretación.

Una política cultural que aspire a ampliar el acceso al conocimiento, y esto ya es a título personal, considero que necesita algo más que conservar colecciones y administrar permisos, necesita abrir espacios para que la sociedad participe en la discusión sobre su propia historia.

Ustedes que opinan ¿De que creen que sirva tener instituciones dedicadas a difundir la cultura si los procedimientos para acercarse a ella terminan alejando a quienes quieren conocerla, discutirla y compartirla?

1 comentario :

  1. En Teotihuacán dicen que el INAH protege pero en realidad destruye, la pintura mural de Tetitla está en muy mal estado de conservación y el templo de la serpiente emplumada va a desaparecer y las construcciones ilegales en la zona B. La cultura no debe ser protegida por una burocracia ineficiente, debe de ser protegida por otras instituciones también

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