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| Asamblea comunitaria en Guatemala: el diálogo como paso previo a la decisión sobre el territorio. |
La antropología se abre paso entre procesos legales, memorias de guerra y defensa del territorio
Por Redacción Nota Antropológica
Guatemala tiene una deuda escrita en letras mayúsculas dentro de los tratados internacionales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en 1996, establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cada vez que se proyecten medidas capaces de afectar sus vidas y territorios. Pero entre lo firmado y lo cumplido hay un camino de resistencia que las comunidades recorren desde hace décadas.
Lucía del Carmen Pellecer González, antropóloga guatemalteca, ha acompañado dos de estos procesos. El primero fue en La Puya, donde habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se organizaron para frenar un proyecto minero. El segundo ocurrió en San Rafael Las Flores, con el pueblo Xinka y la oposición a la Mina San Rafael. Desde esas experiencias, Pellecer propone una mirada al país a través de tres ventanas: la historia reciente, el uso del derecho y el ejercicio de su propia disciplina.
Para entender lo que sucede hoy en las comunidades que dicen no a las minas o a las hidroeléctricas, hay que mirar atrás. La guerra interna en Guatemala, que duró 36 años, dejó cifras que todavía duelen. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó que más del ochenta por ciento de las víctimas identificadas pertenecían al pueblo maya. Hubo masacres, persecuciones y familias enteras que cruzaron la montaña para sobrevivir. El Ejército, según el informe, no solo buscaba quebrar a la guerrilla sino también deshacer los lazos que mantenían unidas a las comunidades.
Sin embargo, en medio de la violencia también germinó algo. Organizaciones como el Comité de Unidad Campesina, la Declaración de Iximche y el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala comenzaron a articular un discurso propio. Ya no se trataba solamente de clase social sino de identidad, de cultura y de derechos específicos. Este movimiento encontró eco en los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Allí el Estado reconoció por primera vez la existencia de los pueblos maya, garífuna y xinka.
También en 1996 Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT. Este instrumento internacional obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar leyes o proyectos que puedan afectarlos. Pero al mismo tiempo, y en una muestra de las contradicciones del período, se aprobó una nueva Ley de Minería que redujo las regalías que las empresas debían pagar y no exigió consulta alguna con las poblaciones cercanas a los proyectos.
Las comunidades comenzaron a organizarse por su cuenta. Entre 2005 y 2013, el Consejo de Pueblos de Occidente registró 64 consultas comunitarias de buena fe, realizadas sin participación del Estado. En todas ganó el no. Más tarde, la Corte de Constitucionalidad empezó a emitir sentencias que ordenaban al Estado realizar consultas formales. Pero estas llegaban siempre después de que las licencias ya estuvieran otorgadas, después de los desalojos y después de la criminalización de líderes comunitarios.
El caso del pueblo Xinka resultó particularmente ilustrativo. Cuando la comunidad denunció que no había sido consultada por la instalación de la mina San Rafael, la empresa respondió que en esa región no vivían indígenas. Se apoyó en el censo de 2002, que contabilizaba apenas 16 mil personas xinkas en todo el país. Además, la población local no hablaba la lengua ni usaba trajes tradicionales, dos marcadores con los que suele identificarse a los pueblos originarios.
La Corte de Constitucionalidad terminó dándoles la razón. Para eso fueron necesarios informes que explicaran que la identidad no se reduce a una lista de rasgos visibles. Allí el trabajo antropológico cobró un lugar que antes no tenía. Por primera vez, tanto el Estado como las comunidades comenzaron a ver en los antropólogos a personas capaces de aportar criterios útiles en un proceso legal.
Pero este reconocimiento no ha sido sencillo. En Guatemala existen dos universidades que imparten antropología, pero ninguna de ellas forma a sus estudiantes en la elaboración de peritajes o en el trabajo con tribunales. Las asociaciones científicas del gremio han producido conocimiento valioso, aunque casi siempre orientado al debate académico. La participación de antropólogos en los procesos de defensa del territorio ha sido hasta ahora voluntaria, individual y sin respaldo institucional.
Quienes se involucran lo hacen por convicción, pero también quedan expuestos. Los contextos de extractivismo suelen venir acompañados de tensiones y violencias. Sin un respaldo claro, sin un espacio en el Estado desde donde operar, el trabajo antropológico se sostiene en la decisión personal de cada profesional.
A pesar de las dificultades, los procesos de consulta han abierto algo más que discusiones legales. En las comunidades ha empezado a tomar fuerza una reflexión sobre la propia cultura. La identidad étnica, antes silenciada por el racismo estructural, se ha convertido en un punto de encuentro. Hay quienes recuperan la memoria, quienes reconstruyen prácticas espirituales y quienes encuentran en la organización colectiva una forma de decir presente.
La antropología ha sido convocada a estas conversaciones. No desde un lugar central, sino como un acompañante que aporta preguntas y herramientas. Todavía queda mucho por hacer. Hace falta que la disciplina se discuta dentro de las aulas con la misma intensidad con la que se vive fuera de ellas. Hace falta también que el Estado abra espacios para que los antropólogos puedan trabajar con estabilidad y sin miedo.
Mientras tanto, las comunidades siguen caminando. Preguntan, se organizan, consultan. Y en ese proceso, la tierra sigue hablando.
¿Y tú has tenido oportunidad de conocer las historias de quienes defienden su territorio?
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Fuente: Pellecer González, Lucía del Carmen. "Diálogo y territorio: la antropología en la consulta a pueblos indígenas de Guatemala". Revista Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, Año 6, N° 12, julio-diciembre 2023.

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